Martes, 18 de Febrero 2020 

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30 Abr

En los últimos días los españoles de bien hemos reaccionado con indignación ante la noticia relacionada con nueve profesores de un instituto público de Cataluña, que arremetieron contra hijos de guardias civiles después del referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado. Funcionarios docentes que usaron su puesto de trabajo en un centro público de enseñanza para acosar psicológicamente a unos menores por el mero hecho de ser hijos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Esto no hay que consentirlo de ninguna manera en un Estado de derecho.

Estos 'profesores del odio' no han cumplido con su función, que es la de instruir en las diversas disciplinas, e incumplen preceptos constitucionales y del Estatuto de Autonomía catalán. Dichos profesores-de profesores no tienen nada-han amedrentado, discriminado y machacado a unos alumnos que van al instituto a formarse en Inglés, Matemáticas o Naturales, por ejemplo, y no a ser objeto de las iras de unos cuantos amargados, que quieren amargar la vida a los que se salen de sus disparatados esquemas mentales.

Me parece muy bien que el profesorado piense como quiera, pero lo que no hay que tolerar es que esos empleados públicos aprovechen el aula para adoctrinar y discriminar a estudiantes. Además, estos docentes, por llamarlos de alguna manera, se han saltado a la torera de manera muy grave deberes y principios que figuran en el Estatuto Básico del Empleado Público(artículos 52 y 53). Por tanto, deberían estar en un lugar distinto de un centro de enseñanza pública.

Basta ya de hacer un uso perverso de las competencias educativas en Cataluña y basta ya de mirar para otro lado.

Jesús Manuel Díaz Lorente

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