Si la situación lingüística del castellano en Cataluña, a modo de ejemplo, es delicada y anómala desde hace décadas, con sanciones a comerciantes por rotular en español, con carteles y paneles informativos sin ningún tipo de bilingüismo y con una Administración autonómica y educativa donde la lengua de Cervantes es prácticamente residual, ahora nos encontramos con un proyecto de ley educativo, que ha sacado de la chistera la ministra Celaá, en el que ni siquiera se nombra la lengua materna de muchos españoles que viven en regiones con lengua cooficial, es decir, el castellano.
Es una aberración descomunal pretender ignorar o postergar dentro de España, sorteando el mandato constitucional, la lengua de tantos hablantes en el mundo como es el español que, según el Instituto Cervantes, lo hablan más de 580 millones de personas y casi 489 millones lo tienen como lengua materna. Es la segunda lengua materna del mundo por número de hablantes, tras el chino mandarín. No olvidemos tampoco que es la tercera lengua más utilizada en la Red después del inglés y el chino.
Esperamos que el Tribunal Constitucional ponga los puntos sobre las íes ante una infamia de tal magnitud.
Jesús Manuel Díaz Lorente.
Licenciado en Filología Hispánica