El motivo principal, no hace falta decirlo, es el bloqueo por parte del Partido Popular (aunque su líder, Pablo Casado, se empeñe en negarlo un día sí y otro también. Dicho órgano se compone de 20 miembros, de los que 12 son magistrados y jueces con avales de sus compañeros o las distintas asociaciones judiciales. Los otros 8, siendo también juristas (obviamente) son promovidos por las fuerzas políticas. Ahí surge el bloqueo...
A nadie se le escapa ( y si es así tiene un serio problema de entendimiento) que en la actual situación procesal que afronta el principal partido de la oposición, con multitud de frentes judiciales abiertos, fruto de sus numerosas tramas de presunta corruPPción, está claro que le conviene seguir manteniendo en los principales órganos judiciales a la (llamémosle) "gente de su confianza". Es decir, miembros de la judicatura designados por ellos, como ocurre en la actualidad. Recordemos que no solo está caducado el mandato del CGPJ, sino también el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y hasta el Defensor del Pueblo...
Por cierto, que el Tribunal de Cuentas culminó su mandato en medio de la polémica suscitada por la causa que abrió contra determinados ex-cargos de la Generalitat de Cataluña (fite tú qué casualidad), lo que ha abierto las lógicas dudas. Y el PP, aplaudiendo...
Casado, con su proverbial "sentido de Estado" ha llegado a proponer que la renovación se haga al margen de "injerencias políticas" (que los 20 miembros sean elegidos por los propios jueces) lo que obligaría a cambiar la Ley de elección de los miembros del CGPJ. Eso sí, su propuesta es cambiar la Ley primero, para luego proceder a la renovación del CGPJ. Dicho de otra manera: ahora que hay mayoría conservadora en la juricatura (por decirlo muy, pero que muy suavemente) es el momento para que ellos mismos se renueven, dando por hecho que su elección seguiría decantándose por otra nueva mayoría conservadora para que "nuestros" juicios pendientes pasen de la forma más "suave" posible...
La Comisión Europea, por su parte, ha vuelto a urgir a España la renovación del CGPJ y sugiere que, en línea con los estándares europeos, la MITAD de los miembros del órgano sean elegidos por los jueces...
Entendamos que el CGPJ es la sala encargada de juzgar a senadores, diputados y miembros del Gobierno, por tanto es de vital importancia para el Partido Popular tener magistrados "afines" para largo, con tanto juicio en marcha o pendiente...
Recordemos, por poner un par de ejemplos, que el propio Carlos Lesmes, actual Presidente (en funciones) del Consejo general del Poder Judicial y del tribunal Supremo, además de ser nombrado por el PP, ocupó varios cargos durante el Gobierno de Aznar...
También está Enrique López, magistrado que fue apartado del caso Gürtel por falta de imparcialidad para luego ser contratado por Isabel Díaz Ayuso como Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y por Pablo Casado como Secretario de Justicia e Interior del PP. El mismo Enrique López que ha aparecido en portada del panfleto de Francisco Marhuenda (La Razón) dclarando que "El PP tiene el apoyo de la mayoría de la carrera judicial". Así, con un par. Pero claro, viendo como hemos visto en los ultimos años "movimientos" en la judicatura y cómo ciertos magistrados han sido "removidos" para que los grandes casos que afectan al PP sean instruidos por jueces "cercanos" al final tenemos que estar de acuerdo con él...
¿O es necesario recordar, por ejemplo, al juez De Prada, apartado del caso Bárcenas tras haber sido quien condenó al partido en la primera pieza del caso Gürtel? ¿O que el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que "existen dudas justificadas de que el juez Baltasar Garzón tuviera acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos contra él por los casos Franquismo y Gürtel"?...
También es cierto que ante el bloqueo sistemático por parte del Partido Popular a la renovación del CGPJ, una posible solución sería la dimisión del Consejo. No sería la primera vez. En Marzo de 1996, seis miembros dimitieron tras 8 meses en funciones, disolviendo en la práctica al Consejo, puesto que no contaba con el mínimo necesario para poder celebrar Plenos. Pero claro, ¿Quién dimite cobrando un sueldo de 142.000 € anuales (en el caso del Presidente) o de 122.000 € (caso de los vocales)?...
Angel Rivero García
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