Desde que tomó posesión como alcalde de la ciudad en junio de 2015, Augusto Hidalgo ha tenido un comportamiento cuanto menos extraño en las relaciones del Ayuntamiento y Emalsa. Recordar que el alcalde es el presidente del Consejo de Administración de Emalsa.
El mismo día que se cumplía un mes desde su toma de posesión, el alcalde dio una rueda de prensa en la que, además de anunciar que se iba a suprimir en septiembre la intervención administrativa que realizaba Rafael Bolívar en Emalsa, dijo que dicha actuación había sido una farsa (palabras textuales). Lo curioso es que esa inspiración de Hidalgo debió ser divina, porque faltaba un informe de Bolívar y ni siquiera había hablado una vez con él en ese periodo. ¿Cómo sabía que había sido una farsa y que los informes que Bolívar había emitido, respaldados por otros cuatro técnicos municipales, eran por lo tanto también una farsa? Misterio.

El pasado día 23 de enero, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria presentó a los medios de comunicación los presupuestos municipales para este año 2020. Como ya es habitual en Hidalgo, cuando los presentó no los había entregado a la oposición, para evitar que le fueran a pisar la noticia y a contar algunas cosas de ese presupuesto "victorioso".
El alcalde, antes cuando era concejal de Economía y Hacienda y ahora, cuando ha dejado de serlo y le ha encasquetado la concejalía de los dineros a Encarna Galván en este mandato, le echó flores a los presupuestos municipales que deben ser la repera. Según Hidalgo las cuentas de este año pasan por tres ejes: la inversión social, la economía creativa y la transición ecológica.

Aunque el mes de agosto sea como si el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria estuviera de vacaciones (no hay Comisiones de Pleno, ni Plenos, y algunos concejales se van todo el mes de vacaciones), la vida en la ciudad sigue. Revisemos algunas de las noticias, que no todas, que llamaron la atención mediática.
Nada más comenzar el mes, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le daba un buen palo al Ayuntamiento, declarando nulos los despidos en diciembre pasado de 143 trabajadores del Servicio de Limpieza y obligando al Ayuntamiento a readmitirlos y a pagarles la cantidad adeudada desde el momento del despido hasta que se reintegren al Servicio. Según el sindicato Comisiones de Base de Canarias, el importe a pagar estaría entre los 6.000 y 7.000 euros por trabajador. Que, según mis cálculos, significan entre 850.000 y 1.000.000 de euros que tendrá que pagar el Ayuntamiento. ¡Bien empezaba el mes!

Hoy en día, al hablar de mentiras y de mentirosos, se utiliza la frase "las mentiras tienen las patas cortas". En casa de mis padres, la que se utilizaba era la del cojo.

Es muy curioso lo que pasa en nuestro país. Cuando un político miente – o engaña,
para ser más suave – y se le coge en la mentira, no pasa nada. No solo no dimite sino que además algunos piensan que es muy astuto. En países de nuestro entorno, los políticos dimiten no solo por mentir, sino hasta por haber copiado parte de una tesis doctoral.

Recientemente y a nivel nacional, Podemos denunció que la vicepresidenta Carmen Calvo había sustituido, en referencia a un escrito de los primeros, la palabra "proponemos" – que fue la expresión utilizada por Podemos – por "exigimos". La prensa nacional reflejó la denuncia de Podemos, pero la vicepresidenta no se dio por aludida, y aquí no ha pasado nada.

Algo parecido ha sucedido en el pleno del pasado 26 de julio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se trató la toma de razón de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. El concejal del grupo Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), David Suárez, sacó un documento titulado "Avance de Liquidación del Presupuesto 2018", que entregó el gobierno municipal el 4 de febrero pasado junto con el proyecto de presupuesto municipal del 2019. Es un documento escueto de siete páginas incluyendo la carátula. En las seis primeras páginas trata del grado de ejecución del presupuesto del 2018 a septiembre; y, en la última – titulada "Proyección de la liquidación del presupuesto 2018 del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria a 31 de diciembre de 2018"– se dan unos cuadros con la supuesta liquidación de los presupuestos de ingresos y gastos por capítulos.

Cuando se comparan algunas de las "proyecciones" con los resultados definitivos de la liquidación del presupuesto del 2018 entregada a los concejales hace unos días, salta la liebre. David Suárez comparó el grado de ejecución del presupuesto de gastos que figuraba en el "Avance" – del 83% – con el definitivo del 72,69%. Este 72,69% significa que de un presupuesto de gastos de 428 millones de euros, se quedaron sin gastar casi 117 millones de euros. Un verdadero disparate. Pero peor es la comparación del presupuesto de inversiones, que en el "Avance" figuraba del 48% y en el definitivo del 33,7%. Para llorar. Porque esto significa que, en una ciudad con 39.000 parados, el Ayuntamiento, partiendo de un presupuesto de 87,4 millones de euros para invertir, solo ha sido capaz de gastar 29,5 millones, habiendo dejado sin gastar 57,8 millones de euros.

Como dijo el concejal de CC-UxGC, el concejal de Hacienda del mandato pasado (o sea, el alcalde) sabía perfectamente cual era el grado de ejecución del presupuesto de gastos e inversiones cuando el 4 de febrero entregó a la oposición el ya famoso "Avance". Pero claro, como ya se estaba en precampaña electoral, mintió o engañó a la oposición, para no darle argumentos en contra del equipo de gobierno municipal.

Y no solo mintió, sino que se saltó a la torera la Ley, como bien indica la Interventora municipal en su informe que acompaña a la liquidación definitiva del presupuesto del 2018. Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 191.3, la liquidación del presupuesto debió estar confeccionada antes del 1 de marzo de 2019.

Las comparaciones son odiosas, pero hay veces que no queda más remedio que citarlas. La corporación que preside el alcalde Hidalgo Macario ha ido de mal en peor en sus cuatro años de mandato desde el punto de vista del grado de ejecución presupuestaria tanto de gastos como de inversiones. En el presupuesto de gastos del 2015 ejecutó el 88,81%. En el 2016 ejecutó el 85,50%. En el 2017 ejecutó el 82,24%; y en el 2018 ejecutó el 72,69%. En el presupuesto de inversiones del 2015 ejecutó el 54,6%. En 2016 ejecutó el 56,8%. En 2017 ejecutó el 42,4%; y en el 2018 el 33,7%. Estas cifras hablan por si solas de la capacidad de gestión del grupo de gobierno municipal. Cada año se bate el récord del anterior, pero a la baja.

El alcalde, ante el bajísimo grado de ejecución presupuestaria en 2018, ha dicho en varios medios locales que la culpa era de la nueva Ley de Contratación pública, que había complicado la posibilidad de una mayor ejecución presupuestaria. El concejal Francis Candil, también del grupo CC-UxGC, ha contestado, tanto en la prensa como en la sesión plenaria, que la nueva Ley no tiene nada que ver. Que en Bilbao el grado de ejecución del presupuesto de gastos fue, en 2018, del 95%, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria ha sido del 72,69%. Y la Ley es la misma para todos. Que se busque otra excusa.

A todas estas, en la intervención de réplica a David Suárez, la actual concejala de Economía y Hacienda en este mandato, Encarna Galván, se fue por los cerros de Úbeda, y le dijo a David Suárez que "se había hecho un lío, ya que de lo que estamos dando cuenta aquí es de la liquidación real del presupuesto el 2018 y no de la liquidación del anticipo ese que se hizo en febrero". Es evidente que, teniendo en cuenta que Encarna Galván no es tonta y entendió perfectamente la comparación que había hecho David Suárez, optó por "hacerse la sueca" y no respondió a lo que preguntaba del concejal de CC-xGC del porqué de las grandes diferencias entre ambas liquidaciones.

También contestó al retraso en la presentación de la liquidación del presupuesto de 2018, diciendo que había repasado las fechas de liquidaciones de los últimos 8 presupuestos, y que ninguna se había liquidado el 1 de marzo como dice la Ley. Y tenía razón, pero lo que no dijo es que habitualmente se liquidan entre abril y mayo del año siguiente, y que el único presentado en un mes de julio era, precisamente, este del 2018. Una pequeña trampa que sirve para acallar a la oposición en un pleno, pero que acaba descubriéndose. Por supuesto, el alcalde no contestó ni se dio por aludido.

En definitiva, que del "avance de liquidación" a la liquidación real del 2018 hay una gran diferencia, por lo que se puede pensar que el avance fue una añagaza para no darle munición a la oposición con los datos reales en precampaña electoral. Y que la presentación de la liquidación en julio es la que más ha tardado en entregarse en los últimos 8 años, por intereses electorales. Lo del mentiroso y el cojo se cumple en este caso.

Eusebio Bautista Vizcaíno
Exconcejal del Ayuntamiento de Las Palmas G.C.

La famosa frase de Sócrates me vino a la cabeza en la noche del 26 de mayo, después de que los resultados electorales estaban claros. Y no fue debido a los resultados en el Parlamento de Canarias que, aunque algunos agoreros decían que estas elecciones iban a ser el entierro de Coalición Canaria, yo sostenía que los 26 años de Gobierno de Canarias, de los que solo los dos primeros (de 1993 a 1995) lo hicieron con una mayoría justita de 31 diputados y los restantes 24 años, negociando unas veces con el PP y otras con el PSOE, y a veces en minoría, siempre han manejado el Gobierno de Canarias. Todo esto con el agravante de que Coalición Canaria nació como una coalición de partidos insularistas, de centro y de izquierdas. Un rebotallo difícil de explicar, pero que se ha mantenido unido, a pesar de los graves problemas por los que ha atravesado, hasta formar un partido único. Y es que el "know how" de Coalición Canaria, aprendido en tantos años, les da ventaja con respecto a los demás partidos, sobre todo, sobre el PP y PSOE.

En junio de 2015, después de las elecciones municipales, cuando se hizo el reparto de las concejalías entre las tres fuerzas políticas que conformaron la actual mayoría (PSOE, LPGC Puede y NC), se firmó un documento de 27 páginas entre los tres partidos, al que denominaron Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.

Hace tiempo que llevo leyendo declaraciones del alcalde con respecto a la economía de la ciudad, al paro, y a la actividad económica que el Ayuntamiento ha desplegado en los últimos años, exactamente los de su mandato desde julio de 2015. Hace unos días, una amiga me hizo llegar un audio de una entrevista al alcalde en una emisora local, y ya no he podido contenerme.

A la vista de que el alcalde proclamó hace unos días que su gobierno municipal tenía para la ciudad "un plan de movilidad y lo estamos ejecutando", me he puesto a buscar por todas partes el citado plan.

El primer documento en el que busqué fue en el "Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria" que firmaron los tres partidos que gobiernan en la ciudad (PSOE, Las Palmas Puede y Nueva Canaria) en junio de 2015. Es un documento de 27 páginas en el que figura el reparto de las áreas municipales de los partidos firmantes y un "Acuerdo programático" en el que se detallan las políticas que el tripartito pondría en vigor durante su mandato en Las Palmas de Gran Canaria en Política Social, empleo y vivienda, en protección del derecho a la vivienda, y así en varios temas.

En estos días han salido en prensa varias noticias que afectan a Emalsa y a su accionariado privado. A poco que el lector no leyera la letra pequeña de dichas noticias, lo que se resaltó en un principio era que el fondo de inversión EQT – propiedad de la familia sueca Wallenber – era el nuevo dueño del 66% de las acciones de Emalsa.

Hace unos días, La Provincia publicaba una noticia bajo el titular "Ocho de los últimos diez dictámenes dan a la razón a los vecinos en la petición de indemnizaciones por caídas, inundaciones o accidentes por aceite en la carretera". En ella, el Consejo Consultivo de Canarias (CCC) suspendía al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la conservación y el cuidado del espacio público, en particular en el cuidado de las calles, que es donde se concentran la mayoría de las reclamaciones por daños realizadas por los ciudadanos, según los últimos diez dictámenes emitidos por el órgano consultivo.