En las últimas semanas los empleados públicos de esta Comunidad que, previa autorización, desarrollamos parte de nuestra jornada laboral en la modalidad de teletrabajo, hemos sido los protagonistas de críticas lanzadas por las patronales, donde se nos acusa de ser "una lacra que está pesando en el desarrollo de Canarias" por el mero hecho de que "los funcionarios sigan en teletrabajo".

Desde el comienzo del pasado año venimos viviendo una situación que podemos calificar de extraordinaria, lo que se ha denominado, crisis pandémica; es decir, una crisis sanitaria global, se produce en un contexto de recesión económica y que supone una suma y sigue en los niveles de explotación de la clase trabajadora. En la mayor parte de los estados, también en el español, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de los sistemas sanitarios públicos tras un largo proceso de liberalización de los mismos que ha puesto en manos privadas, para enriquecimiento de los lobbies de la sanidad privada y las farmacéuticas, nuestro derecho a la salud. A la vez que ha servido como pretexto para la puesta en práctica de nuevas medidas represivas y de control social.

Canarias, un territorio fragmentado con el peor servicio sanitario público del estado y la sociedad más enferma

Este año 2021, donde el Día Mundial de la Salud que conmemora cada siete de abril el nacimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el lema es "Construir un mundo más justo y saludable". Intersindical Canaria, que trabaja cada día por la transformación social, no olvida además rendir homenaje al personal que trabaja en el ámbito sanitario, porque el tema de actualidad obliga a hacer mención a la pandemia del coronavirus, así como a los familiares de las víctimas.

En el día de ayer, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, anunciaba a bombo y platillo los, según ellos, positivos datos de las Listas de Espera. Tras un análisis de los datos publicados en su propia web, y desde el conocimiento de la realidad en los centros sanitarios, la conclusión que sacamos desde Intersindical Canaria es otra. Los datos sobre Listas de Espera están sometidos una vez más a operaciones de maquillaje.

Canarias/ La Federación de Transportes de INTERSINDICAL CANARIA "niega rotundamente la participación en la MANUPULACION de una supuesta huelga que los empresarios del Sector Discrecional han publicado en los medios de comunicación por los dos presidentes de las asociaciones de transportitas, este sindicato acusa a estos presidentes de la asociación de manipular en representación de los trabajadores del sector que no representan, ya que a estos los representa los sindicatos, amparándose en una huelga, cuando realmente es UN CIERRE PATRONAL, que no tiene amparo jurídico, ya que ningún sindicato con presencia en la mesa de negociación del convenio hemos participado de ninguna asamblea en este sentido".

La intervención del Cabildo sin resultados prácticos

El pasado 26 de Febrero de 2014, el Vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Sr. Aurelio Abreu, junto con el Consejero de Sostenibilidad Sr. Miguel Díaz-Llanos recibían a la representación legal de la plantilla de trabajadores y trabajadoras de la Selecatar-Ataretaco, encargada de la selección de residuos en el PIRS de Arico. En dicha reunión la representación social argumentaba los motivos del retraso en la firma del acuerdo y la posterior caducidad y finalización del expediente de regulación de empleo, sin acuerdo. Los representantes institucionales solicitaban tiempo a la representación de la plantilla de trabajadores y trabajadoras para intentar lograr una solución pactada a este conflicto.

La toma policial por varios centenares de agentes desde primera hora de ciudad de La Laguna, y las violentas cargas de los agentes contra los manifestantes que protestaban contra la presencia del ministro de Cultura, José Ignacio Wert, son la imagen diáfana del proceso de de fascistización y militarización que el gobierno del Partido Popular y la derecha española vienen imponiendo a la sociedad civil canaria que se manifiesta contra los recortes sociales y de las libertades. Precisamente, el autoritarismo y la represión ha acompañado todo el proceso seguido para la implantación la de la reforma educativa (LOMCE), inicialmente despreciando el diálogo y el acuerdo con los agentes sociales, y como hoy, reprimiendo las legítimas protestas ciudadanas a golpe de porra y disolviendo violentamente una pacífica manifestación integrada por cerca de 4 mil personas.