A mediados del pasado noviembre La Provincia informaba que el área de Cohesión Social ha hecho que Las Palmas de Gran Canaria sea la tercera ciudad que más y mejor ha invertido en materia social en un estudio sobre 400 ciudades de más de 20.000 habitantes. Nuestra ciudad quedó la tercera detrás de Madrid y Zaragoza. Solo 11 ciudades (entre las que no figuran Barcelona, Bilbao o Sevilla) de las 400 analizadas alcanzan la excelencia en inversión social.

Los plenos municipales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tratan temas que generalmente o son un muerto o no tienen nada que ver con la vida cotidiana de nuestra ciudad. De vez en cuando, solo de vez en cuando, pasan cosas o se tratan temas que hacen vibrar a los asistentes o a los concejales intervinientes.

Vaya por delante que soy un usuario ocasional del servicio de guaguas que presta Global entre Tafira y el Hoyo o Santa Catalina, y viceversa, y que, en mi opinión, es un buen servicio, puntual y rápido. Pero la historia que viví el día del Pino creo que merece ser contada, no tanto para escarnio de la empresa como para que alguien tome medidas (la dirección de Global y/o el departamento de transportes del Cabildo) y que nunca más vuelva a suceder.

Creo que el "caso Emalsa" ya no hay quien lo pare. La información existente – publicada y en el juzgado – sobre las peripecias de la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, depuración y saneamiento, es de tal magnitud que, por mucho que algunos se empeñen en quitarle importancia (como hace el actual equipo de gobierno municipal), lo más que pueden conseguir es resultar implicados también.

El pasado diciembre el consejo de administración de Emalsa aprobó presentar una querella contra el ex-interventor municipal Rafael Bolívar "por la comisión de un delito continuado de falsedad en los diversos informes emitidos" y por el "delito de prevaricación administrativa".

Hace unos días el alcalde presentó el llamado "IBI social" a los medios en nuestra capital. La abreviatura IBI lo es del nombre del denominado Impuesto sobre Bienes Inmuebles, lo que popularmente se conoce como la "contribución urbana".

Hace unos días el gobierno municipal de nuestra ciudad – formado por el PSOE, Las Palmas de Gran Canaria Puede y Nueva Canaria – cumplió su primer año de mandato. Los tres partidos firmaron un documento que denominaron "Acuerdo por la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria", en el que se repartían las áreas de gobierno y en el que figuraba un acuerdo programático con las prioridades a tener en cuenta en los cuatro años del mandato municipal.

Tenía previsto escribir sobre algunos temas tratados en el último pleno municipal de marzo, pero los ataques furibundos que ha recibido últimamente el que fuera Interventor en los servicios concesionados en Emalsa, Rafael Bolívar, me han hecho cambiar de opinión.

En el pleno del pasado 30 de octubre se trató una moción del Partido Popular relativa a Emalsa en la que se instaba a la Junta de Gobierno, "previo los informes necesarios, a iniciar el expediente de resolución anticipada de los contratos que Emalsa tiene formalizados con el Ayuntamiento sobre la gestión de agua, por incumplimientos graves del contratista". La moción tenía fecha de 21 de octubre.

Hace unos días, pocas horas después de enviar a La Provincia el artículo "Marcha atrás en Emalsa", este periódico publicó una extensa entrevista al nuevo concejal delegado de aguas del Ayuntamiento, Roberto Santana. Me llamó la atención que utilizara el mismo argumento y hasta las mismas palabras que el alcalde para justificar que la intervención en Emalsa era una farsa. Ambos se refirieron a la intervención como sui generis, palabras utilizadas también por el Interventor en su cuarto informe. El concejal añadió como explicación "que no tiene clasificación alguna" y el alcalde que "ni desplaza los órganos de gobierno y gestión de Emalsa, ni ejerce función fiscalizadora alguna", repitiendo las palabras que el Interventor Rafael Bolívar dice en ese cuarto informe.