El borrador del proyecto de ley en cuestión acaba de un plumazo el Texto Refundido de la Ley del Territorio del año 2000, a las Directrices de Ordenación (2003) y a la Ley de Armonización y Simplificación (2014). Bien estudiado que lo tenían, posiblemente, hasta ofrecido a constructores y otros especuladores del suelo. Sí, esos que son acusados de pagar campañas electorales y otros gastos de partidos políticos.
La gran novedad de la nueva ley sería el traspaso de competencias a los entes municipales sobre territorio y urbanismo. ¡Cómo si fuera poco, después de que la COMAT haya actuado frenando continuos atentados medioambientales! Pues ahora se deja a la COMAT fuera de juego y se anteponen las decisiones municipales, por ejemplo.
En realidad, la facultad de aprobar el planeamiento ahora es de la institución que lo redacte, ya sea un ayuntamiento o el Cabildo insular, y la COMAT pasa a ser un órgano asesor con los días contados. Así, Clavijo cumple con una de esas burradas que soltó durante la campaña electoral: cargarse la COMAT.
Argumentan los autores y defensores del texto que "sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no da respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público". Así que, a partir de su aprobación, no se extrañen en que algún hotel o complejo de apartamentos, o algún centro comercial u otro negocio privado, aparezca catalogado como "de interés público". En la idealizada república bananera de Coalición Canaria semos asín (y que bien les queda la cursiva).

Pedro M. González Cánovas