Sólo estamos imaginando. Pues eso, y ya puestos a imaginar, imaginemos que a Patricia Hernández en una de estas por esas cosas que a veces pasan, va y se separa de su marido, me cuentan que es un señor argentino afincado en Tenerife. ¿Lo imaginan? Bien, cabe dentro de lo posible. Pero sigamos, sigamos imaginando. Imaginemos que Patricia Hernández se queda también sin trabajo, la echan del PSOE, se queda sin cargos remunerados, y tiene que buscar trabajo y no encuentra por ningún lado quien la contrate. Y pasan los meses y no encuentra nada, se le acumulan las deudas y se le acaban los ahorros, se queda sin propiedades y sin todo lo que guardó en su etapa como diputada en el Congreso, entre dietas y demás remuneraciones. Total, que tan mal le van las cosas a la señora Patricia Hernández -siempre imaginando claro, no quisiera yo que le sucediera nada-, que se ve obligada a ir a las oficinas de Servicios Sociales del Ayuntamiento, el de Santa Cruz de Tenerife, a solicitar una ayuda social, para ella y para su hijo, solos en el mundo, sin ayuda ni ingreso alguno. En el Ayuntamiento, previa presentación de muchos papeles y una considerable burocracia, le darán una derivación para una ONG caritativa, donde tendrá que hacer cola en la puerta unas cuantas horas, cuando le toque, para recoger sus bolsitas de comida empaquetada convenientemente pagada por el Fondo Europeo de Garantía Agraria, básicamente arroz, pasta, garbanzos, lentejas, algo de leche, algo de aceite, algunos quesitos y poco más (y cómetelo rápido porque caduca en dos días). Pero claro, con eso sólo no hay mucho que hacer, con eso no come una familia. Entonces, a la señora Patricia Hernández le tramitarán también con un poco de suerte la compra de El Corte Inglés (siempre me he preguntado por qué se busca el supermercado más caro que hay para esta compra), que le tardará entre uno y tres meses según la urgencia que le pongan en Servicios Sociales, y que serán poco más de 100 euros en un lote cerrado ya de productos también empaquetados, donde también irá arroz, garbanzos, lentejas y pasta, por si le faltan.
Pero claro, con eso sólo no vive una familia. Entonces, con un poco de suerte, igual le tramitan una ayuda de alquiler, o un bono de transporte, o una PEAS para alguna otra cosa puntual que necesite. Y para de contar que no es poco. Y todavía tendría que dar las gracias la señora Patricia Hernández por la ayuda recibida, dado que si viviera en..., en La Laguna por ejemplo, las ayudas serían mucho menores.
¿Están imaginando? Bien, estupendo. Sí, ya sé que es casi imposible que esta situación se dé con Patricia Hernández. Es como si les pido que imaginen a uno del PP dimitiendo de un cargo público, también es casi imposible, pero por imaginar, poder se puede, sólo hay que hacer un esfuerzo. Bien, seguimos entonces. Estábamos con Patricia Hernández pidiendo ayudas sociales en el Ayuntamiento. La pobre, con su niño pequeño, haciendo colas, la están mareando a papeles y más papeles, y meses y meses. Y claro, con esa ayuda tampoco le llega, y va la señora Patricia Hernández y solicita la famosa Prestación Canaria de Inserción, la PCI. De entrada paciencia, y otra vez papeles y más papeles, que tendrá que ir a buscar ella misma por todas las oficinas que le toque (no, eso de una oficina única centralizada donde se consigan todos los documentos para ponérselo fácil a la gente no, eso no, eso en Canarias no se lleva). Y entre esos documentos, uno indispensable en su caso, la sentencia de separación y/o el convenio regulador. Y ya la tenemos liada. Porque puestos a imaginar, vamos a imaginar también que el señor argentino que estaba casado con la señora Patricia Hernández, no quedó demasiado contento con el asunto y se marchó a Argentina, o se metió en asuntos sucios, delincuencia, drogas y esas cosas, ya saben, o se la tiene jurada a su exmujer, o se quedó tan pobre tan pobre que no tiene ingreso alguno para pasar a su ex esposa, la señora Patricia Hernández, por mucho que lo denuncie, y en todos los casos no hay sentencia de separación ni convenio regulador disponible. ¡Ayy, qué mala suerte! La señora Patricia Hernández y su pequeño hijo lo tienen crudo para cobrar la PCI. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Pues sí, es perfectamente posible si atendemos a cómo se hacen las cosas desde hace años en este asunto de la PCI en Canarias. Bueno, en último caso siempre podría la señora Patricia Hernández venir a pedir ayuda a la Plataforma por la Dignidad, y tendría fruta y verdura y más cosas, y asesoramiento variado, y puede que alguna cosa más si su situación fuera muy grave.
Por suerte para la señora Patricia Hernández, para su hijo y para su marido, esa situación imaginada tan dramática que hemos planteado no se le va a dar de ninguna de las maneras. Pero sí, sí que se les da a muchas miles de madres en Canarias, muchas de las cuales sí que tienen que pedir esa PCI por imperiosa necesidad. ¿Y saben qué se encuentran? Eso, el muro de la burocracia, y el insalvable escollo del convenio regulador.
Y ya dejamos de imaginar y nos centramos en casos reales, de aquí, de Tenerife, de Canarias. Porque son muchas, muchas las madres conozco que han acudido a por ayuda a nuestra plataforma, a las que no le dan la PCI porque no presenta el convenio regulador, y no lo presenta porque tiene miedo a que su exmarido le haga daño si se entera, cuando además sabe que ese convenio regulador no le va a reportar nada porque su expareja no tiene ingreso alguno de donde tirar. En otros casos no lo presentan porque saben que con ese convenio regulador están dando pie a que el padre, en muchas ocasiones con problemas varios de delincuencia y drogas, tendría así la posibilidad de tener a sus hijos algunos días, con lo malo que eso puede ser para los niños si no es el padre lo que se dice ejemplar. Otros casos, muchos también, se trata de madres que denuncian a sus exmaridos para lograr el convenio regulador, pero llegado el caso no lo denuncian más porque a la tercera denuncia en la que el señor no pague ese señor va a la cárcel. Y claro, hay madres que piensan también con el corazón, y saben que sus exparejas no tienen ingresos, y no quieren denunciar más porque con ello lo único que lograrían es meter en la cárcel al padre de sus hijos. Y no hablamos ya de la tardanza que supone el proceso, para una madre que se ve obligada a buscar abogado de oficio para que le prepare el procedimiento. Pueden pasar años entre una cosa y otra. Pero hay más casos, a la inversa, con la picaresca de por medio, con parejas que no están separadas pero saben que necesitan estarlo para que le den a la madre la PCI, y presentan denuncia y convenio regulador amañado para cobrar, cuando en realidad siguen siendo pareja estable. Y aún hay más situaciones absurdas, y casi diría yo que ilegales, cuando algunas madres sí presentan el convenio regulador y una sentencia de un juez que dice que el padre debe pasarle a la madre tanto dinero al mes para la manutención de sus hijos, aunque en la práctica no le pasa dinero alguno. En estos casos el Gobierno de Canarias hace una cuenta muy curiosa, y le resta a los 500 euros de PCI los 100, 200 o 300 que debería pasar y no pasa el padre a la madre, y le acaban pagando a la madre únicamente 200 o 300 euros de PCI, y con eso que se las apañe.

Y hasta aquí, mi imaginativo artículo de hoy. Ya solo me queda imaginar una cosa, o soñar, o pedir, o rogar, a quien corresponda... ¡Upss! ¡Pero si es la señora Patricia Hernández! Pues eso, esperemos que lea este artículo la Consejera de Asuntos Sociales y también Vicepresidenta, Patricia Hernández, y de una vez por todas se solucionen estas situaciones tan injustas, tan dramáticas y casi diría tan absurdas, para que las madres canarias en situación precaria no tengan que pasar más por todo esto que les he contado.

Eloy Cuadra