Una vez que tenemos en el horizonte inmediato la aplicación tardía del 155, nos queda la detención de los golpistas. Hay que aplicar el Código Penal junto con las medidas administrativas de este artículo de la Constitución. No queda otra si se quiere ser legal, ya que se han cometido presuntamente delitos gravísimos como el de sedición, rebelión, malversación de dinero público, prevaricación, desobediencia y usurpación de funciones. El Estado de Derecho ha de ser implacable y no funcionar a medias.

El complejo escenario en el que nos encontramos en Cataluña es resultado fundamentalmente de una obra de ingeniería social consentida en los centros de enseñanza de esta región. El Estado, por tanto, habría de supervisar ineludiblemente las competencias en materia educativa para intentar reconducir la situación cara al futuro.

Los colegios e institutos no están para envenenar conciencias ni para tergiversar la historia. En estos últimos días hemos sido testigos de cómo se utiliza a niños para defender la causa independentista. Esto clama al cielo. Están tardando en inhabilitar a directores y a profesorado. Estas cosas no pueden quedar impunes. La Ley hay que aplicarla con firmeza en un Estado de Derecho.

Los españoles de bien fuimos testigos el pasado sábado de una manifestación que, en principio, estaba organizada contra el terrorismo y por las víctimas y que terminó siendo un acto de mal gusto, en el que el Rey y el Gobierno aparecían en el pelotón en lugar de estar en primera fila como sería lógico y natural en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática, como seguimos creyendo que es España. El Estado de Derecho está fallando continuamente en los últimos tiempos. Ayer falló estrepitosamente.

Las colas del aeropuerto de Barcelona, que estamos presenciando en vivo o a través de los medios, nos llevan a reflexionar sobre qué es lo que puede estar fallando aquí. La respuesta es muy sencilla: no se tenían que haber privatizado o externalizado servicios de entidades cuyo titular es el Estado en virtud del artículo 149 de la Constitución. En este caso, la seguridad ha pasado a manos privadas con unos trabajadores que no llegan a mil euros al mes, a pesar de las horas y horas del complejo trabajo y responsabilidad que entraña este servicio.

Intersindical Canaria se está dedicando últimamente a criticar el acuerdo firmado en Madrid por CSI-F y otros dos sindicatos en pro de la mejora del empleo público, que incorpora un proceso de estabilización del empleo temporal. Intersindical pretende hacerse pasar como la defensora del colectivo de interinos, el más afectado por el plan. Su táctica parece ser que es la de desacreditar a los demás sindicatos y meter miedo al personal para ganarse adeptos en esta causa.

Mientras algunos han criticado la donación de Amancio Ortega a la sanidad pública, otros nos mostramos agradecidos y celebramos el gesto solidario de este señor, consistente en una donación finalista para la adquisición de tecnología de vanguardia para la lucha contra el cáncer.

¿Por qué los que protestan contra esto no organizan una campaña para costear alguna ambulancia, por ejemplo? El caso es 'ladrar' y criticar con aspereza este gesto por el mero hecho de que provenga de un capitalista currante. A los de la histérica protesta les ha salido el tiro por la culata, ya que la mayoría de la sociedad e instituciones españolas han aceptado de buen grado dicho gesto.

El próximo 19 de mayo se cumple un año de las Elecciones sindicales para las Juntas de Personal funcionario de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se celebraron en Servicios Centrales y Territoriales de las dos provincias.

En los Servicios Territoriales de Las Palmas el sindicato más votado fue Intersindical Canaria. Es a este al que le corresponde promover la constitución de la Junta que todavía está pendiente. A fecha de 3 de mayo de 2017, aún no se ha constituido.

Hace unos días asistíamos con gran sonrojo a la difusión de la noticia de que se podría titular con dos en la ESO. Desde una postura seria, esto es un auténtico disparate, ya que deberían aprobarse todas las materias como requisito indispensable para obtener la titulación en la ESO. Además, la prueba final también debería ser obligatoria, aunque con carácter diagnóstico.

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca no paran de circular noticias en torno a su persona. Parece que nos preocupa más cómo come y descome Trump que nuestros propios problemas, que son bastante numerosos y graves.

En primer lugar, estamos inmersos en una crisis territorial compleja y alarmante porque una parte de los catalanes han decidido saltarse la Ley y las sentencias a la torera y declarar una guerra al Estado con su ceguera separatista. Mientras en Cataluña sancionan por rotular en español, criticamos que la web de la Casa Blanca no aparezca en nuestra lengua por un ajuste.

Después de conocer los resultados del informe PISA 2015, no queda otra que hacer una breve reflexión sobre estos y, así, intentar mejorar cara a los próximos ejercicios.

Para abordar la deseada mejoría, entre otros detalles, habría que tener en consideración los siguientes: