Consternados e impresionados todavía por el asesinato del profesor ilerdense Abel Martínez Oliva, nos asaltan múltiples interrogantes sobre este trágico hecho. Según nuestra humilde opinión, al margen de las muy respetables de psicólogos y psiquiatras, nos encontramos con una manifestación palpable de un fracaso social en las vertientes educativa, moral y cultural.

Los que nos dedicamos al empleo público asistimos de unos años a esta parte a la proliferación en los centros de trabajo de empleados pertenecientes a empresas privadas bien sea en tareas de mantenimiento,bien de limpieza, etc. No tengo nada en contra de estos trabajadores cuya dignidad es muy respetable. Lo que pretendo es criticar la costumbre instalada en la Administración de recurrir a empresas para servicios que siempre han sido prestados por empleados públicos; es decir, si antes había una lista de reserva de personal de limpieza para posibles eventualidades, ahora lo que vemos en muchos organismos es que se acude a empresas privadas, con las que existen acuerdos, y se dota del personal correspondiente. En determinadas ocasiones se recurre a las empresas de manera innecesaria.

Hace unos días los empleados públicos del Gobierno de Canarias éramos testigos de la publicación de la "Orden de 25 de marzo de 2014, por la que se establecen los términos del descuento en nómina aplicable al personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al de los organismos y entidades de derecho público dependientes de la misma, en los supuestos de ausencia al trabajo por enfermedad o accidente que no den lugar a una situación de incapacidad temporal". El texto está de acuerdo con la normativa básica del Estado y, por tanto, de aplicación en todas las Administraciones Públicas.