Uno de los aspectos polémicos del proyecto de ley educativo de Celaá es, después de admitirse una enmienda, el hecho de que no aparezca de manera expresa el castellano como la lengua oficial del Estado ni como lengua vehicular junto con las lenguas cooficiales en territorios con lengua propia.
Nos encontramos, por tanto, con una presunta vulneración del artículo 3º de la Constitución española, que es muy claro al respecto:
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos.

La alarmante improvisación del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas acabará provocando un deterioro en la calidad de la enseñanza después de la crisis sanitaria, ya que están tomando medidas a base de ocurrencias, a modo de conejos sacados de la chistera, para salir del paso y sin analizar su impacto cara al futuro.

La medida que acaba de anunciar la ministra Isabel Celaá, de eliminar el requisito del máster para dar clases durante la pandemia-ahora obligatorio-, es un parche que no contribuye en absoluto a la mejora de la calidad de nuestro sistema educativo.

Hace unos días se publicó el Protocolo de prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros escolares no universitarios de Canarias para el curso 2020-2021. Al leer el mismo, la primera conclusión que extraemos es que es un 'sálvese quien pueda', ya que no se incide en una medida fundamental, que es la reducción de ratios de alumnos por aula. Sin esta disminución de estudiantes y sin la contratación de más profesorado, no vamos a ningún sitio. Como sigamos con aulas masificadas, nos encontraremos con situaciones preocupantes. A todo esto, se unen la indisciplina de muchos adolescentes y la falta de autoridad de los docentes, que carece de respaldo administrativo y social. El escenario se nos antoja caótico.

Durante el tiempo que llevamos de crisis sanitaria por la COVID-19, nos hemos percatado de un detalle muy importante: del olvido de los fallecidos por el coronavirus.

A diario percibimos cierto 'folclore' en muchos balcones de España, con aplausos, canciones, chistes, caceroladas y diversas ocurrencias, provocados en parte por el hastío de esta especie de 'secuestro domiciliario' que estamos viviendo y que esperamos y deseamos sirva para aliviar la situación sanitaria.

En esta crisis por la que estamos atravesando hay un colectivo injustamente olvidado: los docentes.

Muy pocas veces se menciona a estos profesionales que siguen formando a sus alumnos desde casa, con sus propios medios, y luchando contra numerosas incidencias de índole técnica. A esto se añade la agravante de lo que la Administración educativa ha denominado 'brecha digital'; es decir, a un porcentaje de alumnos les cuesta acceder a las clases de teleformación porque su economía o la de sus familias les impide costearse un equipo informático y un servicio de Internet. Esto es un 'sálvese quien pueda'.

España está atravesando por unos momentos muy duros y que nunca olvidaremos. Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes desde los años del cólera.

Las autoridades sanitarias han tenido que esperar a ver las orejas al lobo para tomar medidas que se tenían que haber tomado con más antelación en vez de mirar para otro lado, como si esto no fuera con nosotros, hasta tal punto que se llegaron a celebrar manifestaciones multitudinarias como la del 8M, a pesar de las advertencias de Europa. Este mismo día también tuvo lugar un mitin político. Los dos actos tuvieron lugar en Madrid, que ya se había convertido en foco importante del virus en España.

Últimamente, cuando nos levantamos, muchos pensamos en cuál va a ser la sandez del día. Parece que hacen apuestas los políticos para ver quién dice la mayor estupidez, ya sea en las cámaras, ya sea en una rueda de prensa.

La barbaridad de hace unos días ha sido la de la ministra de Educación al decir que los hijos no pertenecen a sus padres. ¿A quién pertenecen si no?¿A usted, señora ministra?¿Al presidente del Gobierno?¿A los profesores?¿Quién responde cuando un hijo menor de edad comete un delito?

Se ha convertido en algo usual que los usuarios de Correos nos dispongamos a realizar algún envío y no poder hacerlo porque está el servidor caído. En unas ocasiones nos tiramos media hora hasta que se restablece el servicio; en otras nos vemos obligados a marcharnos a casa y esperar al día siguiente a ver si hay suerte.

Los problemas informáticos se han acentuado con la solicitud del voto por correo, ya que se han dado casos de ciudadanos que han tenido que visitar la oficina unas cuantas veces hasta encontrar el momento preciso para hacer el trámite y, así, poder ejercer su derecho al voto.

Si nos fijamos en determinados escritos de la Administración, nos percatamos de las auténticas piruetas lingüísticas innecesarias para quedar bien con ese lenguaje no sexista, que alguien se sacó de la manga en su momento. Este afán por adaptarse a dicho lenguaje produce desdobles que atentan contra el principio de economía lingüística: por ejemplo, Cuerpo de Maestros y Maestras o Asociación de Madres y Padres de Alumnos. Esta última expresión ni siquiera se ajusta al 'engendro' gramatical que se pretende imponer o recomendar sin autoridad para ello, ya que faltan las "alumnas". A veces nos encontramos "alumnado". El "Portal del Empleado Público" de la noche a la mañana se convierte en "Portal del Personal".Pronto veremos "Mesa General de Negociación de Empleadas y Empleados".Se trata de auténticos malabarismos gramaticales que carecen de utilidad.

Las pruebas de acceso a la Universidad que acaban de empezar con distintos nombres, contenidos y fechas de convocatoria en función de cada comunidad autónoma, muestran la falta de estabilidad del modelo actual y subrayan la necesidad de un Pacto de Estado por la Educación, que fije un modelo educativo estable y que acabe con las desigualdades actuales.

En este sentido, la futura norma debe homologar las enseñanzas en todo el país estableciendo las materias básicas que reciben los alumnos independientemente de donde cursen los estudios.