Los sindicatos más representativos a nivel nacional hemos hecho nuestro trabajo para frenar la temporalidad después de años de abuso y dejación por parte de los gobernantes.
Es hora de dar una solución a miles de personas que llevan años encadenando contratos temporales por la mala planificación en materia de recursos humanos de las distintas administraciones públicas, favoreciendo la estabilización de su plaza con seguridad jurídica, para que los procesos selectivos no puedan verse truncados con posterioridad en los Tribunales.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, emplaza al ministro de Política Territorial y Función Pública a impulsar sin más demora una reforma del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleo Público) para responder a la difícil situación que afrontan miles de interinos en fraude de ley en toda España.

En las últimas semanas nos estamos enterando por la prensa de las intenciones de las administraciones educativas de reducir la distancia de seguridad en las aulas y del posible incremento del número de alumnos por aula, circunstancia que llevaría al paro a los cerca de 40.000 docentes de refuerzo incorporados con motivo de la pandemia.
El enterarnos por los medios de comunicación de todo esto demuestra la falta de voluntad negociadora por parte del Ministerio de Educación.
En los últimos diez años, coincidiendo con la anterior crisis económica y los recortes en las CCAA, las plantillas se vieron mermadas con 16.922 docentes, empezando a recuperar parte de estos solo en el último curso.

El 1 de septiembre de 2017, en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, la Consejería de Educación y Universidades y las centrales sindicales representativas del profesorado de la enseñanza pública, en presencia del presidente del Gobierno de Canarias, firmaron el acuerdo sobre la mejora del marco retributivo del personal docente no universitario. Estas mejoras se reconocieron desde el 1 de enero de 2018. Entre ellas figuran las que tienen que ver con la función tutorial.

Hace unos días nos hemos dirigido al comité de Seguridad y Salud de la Consejería de Educación para exigir una reunión extraordinaria sobre la estrategia de vacunación.
En el escrito reclamamos que se lleve a cabo, sin más demora, la pauta completa de vacunación para el cien por cien del profesorado y PAS y se informe según los aspectos científicos sobre las vacunas de Pfizer y AstraZeneca.

Los agentes de Inspección Pesquera son unos empleados públicos cuyas funciones son esenciales para la sociedad. Son estas:
-Formular las denuncias y levantar las correspondientes actas de infracción que procedan.
- Investigar las prácticas ilícitas dentro del ámbito de sus funciones.
-Trasladar aquellas denuncias que reciban o les sean formuladas por las cofradías y federaciones de pescadores y particulares, realizando las comprobaciones que sean oportunas.

Hace unos días se paró en España la vacunación contra la COVID-19 con AstraZeneca, que se estaba administrando a los colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, que desarrollan una actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada. Entre estos colectivos, que pertenecen al grupo 6 de la Estrategia de vacunación frente a COVID-19, figuran policías, bomberos, docentes y personal de administración y servicios de los centros de enseñanza. En este grupo, por cierto, se echa en falta a trabajadores muy importantes como los agentes de Inspección Pesquera.

Los Centros de Profesores (CEP) nacieron con el fin de formar al colectivo docente a base de seminarios, cursos o jornadas. Siempre fueron una herramienta muy útil y de bastante aceptación en ciudades y zonas rurales.

A lo largo de los años, sin embargo, los CEP han ido experimentando un proceso de envilecimiento o perversión en la medida en que la política se ha adueñado de ellos, de tal manera que los directores y asesores cambian según el partido político al que pertenezca el consejero de Educación del gobierno regional de turno.

Se ha cumplido un mes desde que en España se empezó a inocular la vacuna contra la COVID-19. Hasta que el 70% de la población española esté vacunada nos queda mucho por andar. Se ve la luz al final del túnel, pero este se nos antoja muy largo por parones en el suministro, por falta de personal sanitario y por falta de concienciación en una parte de la sociedad que se muestra reacia y crítica ante las vacunas, lo cual es respetable, aunque se pueda compartir o no esta actitud.

Desde el sindicato CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, reclamamos el cierre de centros educativos y la suspensión de las clases en todo el país a partir de criterios comunes y homogéneos, como medida preventiva hasta que se reduzca la curva de contagios, disparada en esta tercera ola de COVID -19.

Los datos del Ministerio de Sanidad proporcionados el pasado día 15 indican que la incidencia del virus es el doble que la registrada el pasado 22 de diciembre, cuando se iniciaron las vacaciones de Navidad, y se acerca a las peores cifras de la pandemia. Hay que recordar que en marzo del año pasado se decidió el cierre de los centros educativos de manera previa al confinamiento.