Los españoles de bien estamos consternados por el asesinato de Laura Luelmo, una joven profesora interina de Zamora que, con el interés de trabajar y de puntuar para próximas convocatorias de oposiciones,tomó la decisión de ir a Huelva donde encontraría su final.

Ha sido Huelva en este caso como pudo haber sido otra provincia: descerebrados hay en todos los sitios.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias pretende implantar en veinte centros escolares una liga de videojuegos. Dicha liga se trata de una auténtica ocurrencia, que está al margen de las auténticas demandas del mundo educativo.

No necesitamos videojuegos. Bastante tenemos ya con los móviles que los estudiantes utilizan en las aulas, muchas veces haciendo caso omiso de las instrucciones del profesor.

Es de muy mal gusto que se pretenda instrumentalizar políticamente un episodio lamentable como el de la Guerra Civil. Llevamos años,desde que se aprobó la Ley de Memoria Histórica, con unas prisas tremendas por desenterrar muertos y gastar un dineral en remover el pasado y en intentar cambiar la historia.

El triste episodio de la guerra fratricida quedó zanjado con la Ley de Amnistía de 1977. Da la impresión,pues, de que se pretende obtener rendimientos electorales con el enfrentamiento civil reabriendo heridas que quedaron cerradas después de la dictadura. Nos guste o no, la historia es la que es y no procede reinventarla con grandes cantidades de dinero por medio.

Acabamos de traer a España, por capricho del Gobierno y con cierto tufillo demagógico, a 600 personas que huyen de sus países buscando un mundo mejor. Son personas que han caído en manos de mafias para intentar lograr su objetivo, que es salir del infierno.

Estos seres humanos que acaban de llegar al puerto de Valencia no han venido a España, sino que los hemos traído. Estamos dando, pues, la razón a las mafias que trafican con personas sirviéndose de su angustia.

En los últimos días los españoles de bien hemos reaccionado con indignación ante la noticia relacionada con nueve profesores de un instituto público de Cataluña, que arremetieron contra hijos de guardias civiles después del referéndum ilegal del 1 de octubre del año pasado. Funcionarios docentes que usaron su puesto de trabajo en un centro público de enseñanza para acosar psicológicamente a unos menores por el mero hecho de ser hijos de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado. Esto no hay que consentirlo de ninguna manera en un Estado de derecho.

Estamos en un curso con oposiciones a cuerpos docentes nacionales y vemos con gran indignación cómo los catalanes y gallegos podrán presentarse donde quieran porque conocen el castellano y la legua cooficial; sin embargo, el resto de los españoles no podrán presentarse ni en Cataluña ni en Galicia porque se les exige como requisito el conocimiento del catalán y gallego respectivamente. La Comunidad Valenciana, que también exige el conocimiento del valenciano, convocará plazas de Maestros a las que no podrán presentarse los que no conozcan este dialecto del catalán.

La discutida Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) en uno de sus artículos se refiere a la presunción de veracidad del profesorado, que se tiene que cumplir por parte de la Administración educativa.

Observamos un incremento de expedientes a profesores por conflictos con alumnos y familias y sospechamos que existen bastantes casos en cuya instrucción se han saltado a la torera la presunción de veracidad que se contempla en la citada ley.

Algunos están criticando con bastante aspereza y de manera machacona el gran Acuerdo firmado en Madrid con el Gobierno central por CSIF, UGT y CCOO para estabilizar el empleo público.

Este Acuerdo lo tenemos que mirar positivamente, ya que, si se confirma el borrador de la Oferta de Empleo Público docente referida a Canarias, más de 2000 docentes tendrán trabajo fijo. Se trata de empleo público y, como tal, esas plazas están abiertas a personal interino y ciudadanos que pretenden aspirar legítimamente a una de ellas.

El profesorado dedica un tiempo precioso a trabajos burocráticos que podría dedicar a la formación para la docencia, que es realmente su cometido. El número de horas destinadas al 'papeleo´ se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años. Los profesores muchas veces no dan abasto.

El problema no solo es el trabajo burocrático en sí, sino que muchas veces aplicaciones como el Pincel Ekade no se comportan de la manera deseada, sino que dan errores y esto entorpece considerablemente las tareas del profesorado, que intenta volcar datos muchas veces y no puede.
Cunde entonces la desesperación comprensible ante un trabajo de índole administrativa y de gestoría.

Cualquier español que respete la legalidad ha de estar orgulloso de la profesionalidad, independencia y acierto de la juez Lamela, en relación con el auto de prisión provisional dictado hace unos días para una parte de los exconsejeros del Gobierno de Cataluña.

Los delitos de los que se les acusa son de extrema gravedad: rebelión, sedición ,malversación de dinero público y desobediencia. Si a estos delitos sumamos la fuga del expresidente catalán Puigdemont y unos cuantos exconsejeros, tenemos los ingredientes más que necesarios para un encarcelamiento preventivo.