La UE aprobó el 9 de marzo de 2007 el paquete de medidas Energía para un mundo en transformación en el que se comprometió unilateralmente a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% en el año 2020, como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la demanda energética de energías renovables.

La situación que estamos viviendo en Canarias es dramática, no sólo por los espeluznantes datos con que periódicamente nos sentencian los organismos oficiales sino, sobre todo, por la vergonzosa respuesta de los responsables políticos ante este problema social de primer orden. La tasa de riesgo de pobreza llegó en 2011 al 33% (12 puntos por encima de la media estatal) y, en el cuatrienio 2008-2012, la pobreza en Canarias experimentó un incremento del 21%, lo que nos sitúa como la comunidad autónoma que lidera el aumento registrado en esta materia entre las comunidades del país.

Precisamente el mes en que el Alcalde debe presentar el Plan de Transparencia Municipal acordado en el pleno de febrero de este año, el Concejal de Urbanismo nos propone a los grupos municipales tener una reunión secreta para tratar las presuntas falsedades que se cometieron en la elaboración del PGO de Santa Cruz.
Esta soez oferta se produjo el pasado jueves en la comisión de control al gobierno y a raíz de la solicitud de comparecencia que hizo el grupo municipal Sí se puede que reclamaba conocer las actuaciones que iba a adoptar el grupo de gobierno a la vista de los avances que experimentaba la instrucción penal con relación a los cambios que se produjeron en el documento de planeamiento urbanístico entre el 29 de diciembre de 2009, fecha que estaba previsto aprobarse en sede municipal el PGO (sesión suspendida por un falso aviso de bomba) y el 4 de enero de 2010, fecha en que finalmente se celebró el pleno en el que se aprobó el PGO secreto.

El PP, en su concienzuda labor por desmantelar los fundamentos esenciales de nuestro Estado Social, ha decidido incorporar a estas tareas la demolición de un pilar básico para cohesión social y la participación democrática como son los ayuntamientos. Aún cuando los datos nos dicen que el gasto municipal en el PIB español se aproxima en la actualidad al que se generaba en 1981 y que la deuda de los ayuntamientos representa escasamente el 3% de toda la deuda pública, la derecha justifica esta reforma municipal en la falacia de que los servicios locales representan un coste excesivo para el conjunto del Estado.

El documento denominado Propuesta de racionalización y utilización del eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa ha supuesto un serio revés para los miles de santacruceros que teníamos esperanzas en conquistar para la ciudad el cuartel de Almeida. Este cuartel estaba llamado a cumplir una función esencial en el barrio del Toscal que demandaba desde hace más de dos décadas reconvertir las instalaciones militares en una zona para el esparcimiento deportivo, lúdico y cultural del barrio. Para muchos hubiera supuesto compensar de manera justa a los toscaleros por el robo que supuso la emblemática Ciudad Juvenil, un capítulo más de la especulación que sufrió ese histórico barrio, siempre auspiciado por la ignorancia de la que han hecho ostentación los últimos alcaldes que nos han gobernado.

El perfil más inhumano de la nueva EMMASA que nos impusieron en el 2005 los nacionalistas de CC y del PP lo representan los cortes de agua en los domicilios de las familias más necesitadas, que, por su situación económica, se muestran incapaces de afrontar el pago del recibo del consumo de agua de abasto público. Conscientes del problema al que se enfrentaba la ciudad, los concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz acordamos hace unos meses apoyar de manera unánime una moción para que EMMASA no realizara esta medida de manera indiscriminada. Sin embargo la avaricia de los nuevos gerentes del agua municipal y el desorden calamitoso que reina en el grupo de gobierno han logrado que esta medida se quede en agua de borrajas.

La reforma de la Ley de Costas recientemente aprobada en la Cortes no resuelve de manera efectiva la demanda histórica de los pueblos de Anaga de ver reducida la servidumbre de protección de cien metros, es más, creo que empeora la situación. Este ancho de servidumbre afectaba directamente las posibilidades de desarrollo de estos núcleos costeros por prohibirse en esa franja la construcción de viviendas. Dado que estos pueblos cuentan además con otros elementos que también limitaban su crecimiento, algunos naturales, como las acusadas pendientes o los cauces públicos de los barrancos y otros derivados de limitaciones administrativas por encontrase dentro del Parque Rural o en sus inmediaciones, el crecimiento armónico de estos pueblos se ve claramente limitado, de ahí que desde hace casi dos décadas, vengan reclamando los vecinos la reducción del ancho a 20 metros, como estaba antes de 1988.

Aprovechando que el 5 de junio es el Día Internacional del Medio Ambiente quisiera recordar algunas de las propuestas que Sí se puede ha realizado, como el proyecto de la central hidroeólica de Los Campitos, que ha permitido que Santa Cruz, por primera vez, cuente con un proyecto para obtener energía del viento y del agua, produciendo 30% de la energía consumida en el municipio. Permite que parte de esa energía se dedique al proceso de desalación del agua, lo que abaratará los costes de producción.

El equipo de gobierno de Valle Gran Rey está impulsando una de las experiencias más aleccionadoras que hayamos vivido en los últimos años en Canarias: un debate vecinal sobre el modelo de desarrollo local que se sitúa en las antípodas de las fórmulas convencionales y encorsetadas de participación ciudadana al uso.

Los artículos anteriores explicaban cómo las concesionarias de la gestión de las aguas municipales derivaban sus beneficios hacia las empresas de su grupo, traduciéndose esas operaciones privadas en pérdidas, cada vez más abultadas, para el servicio de gestión del agua municipal. Pero este método de saquear lo público no es el único que utilizan, también obtienen ingentes beneficios no invirtiendo en aquellas obras de infraestructura indispensables para el mantenimiento o mejora del servicio y con las que se habían comprometido durante la fase de licitación. Se trata de gastos indispensables para el servicio, sin embargo, las multinacionales no están dispuestas a detraer un solo euro, ni a ocupar un solo minuto, que no vaya dirigido a engordar las arcas de sus empresas filiales.