Este proyecto de ley se enfrenta a la situación de las 130.000 viviendas desocupadas con que, según el preámbulo del texto, cuenta Canarias, pero el meollo del conflicto se encuentra en el capítulo que regula la ocupación temporal de aquellas viviendas de titularidad de los bancos y sobre los que pesa orden de desahucio. En este punto el informe de la Consejería de Economía y Hacienda es pura dinamita lanzada contra el propio Gobierno, señalando que los efectos y las repercusiones de la norma proyectada ascienden a casi 19 millones de euros, afirmando que esta partida no tiene cabida dentro del marco presupuestario a medio plazo para el periodo 2014-2016, y que su aprobación podría poner en riesgo la consecución de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Al margen que supone una enorme inmoralidad acudir a criterios de estabilidad presupuestaria para no resolver la tragedia a la que se enfrenta miles de familias Canarias, lo cierto es que el Área de Economía y Hacienda se ha convertido en el más serio escollo para sacar la ley que ha presentado el Gobierno del que depende orgánica y políticamente. En este pulso arriesga sobremanera porque se ha dedicado a ignorar informes que reducían a la mitad el coste de esta medida, desechando, por otro lado, los criterios de la ley andaluza que establecen unos costes por expropiación más bajos. En este nuevo capítulo del realismo trágico canario, el consejero de Economía está dispuesto a librar una batalla contra el propio Gobierno, bien para satisfacer a los bancos o bien a los barones de su partido, y para ello no tienen reparo en bloquear una ley fundamental para la sociedad canaria.

Pedro Fernández Arcila