El Gobierno de Canarias ha remitido al Parlamento el proyecto para la reforma de la Ley de Viviendas de Canarias con el objeto de dar respuesta al drama de los desahucios de viviendas por ejecuciones hipotecarias, que afectaron, sólo durante el 2013, a más 2.000 familias canarias. Este texto, cercano en contenido a la famosa ley andaluza que abrió el camino a las ocupaciones temporales de viviendas, viene acompañado de unos informes negativos del Área Económica del ejecutivo canario que van dirigidos a torpedear este texto legal y expresa, desde el punto de vista más político, la jaula de grillos en lo que se ha convertido Coalición Canaria.

El Tribunal Constitucional acaba de poner fin a una pesadilla judicial que han soportado estoicamente durante más de diez años la revista Cuadernos del Sureste y Jorge Jiménez Marsa, portavoz y colaborador de esta publicación. En el año 2003, en pleno boom de la alianza política-inmobiliaria que sufría la isla de Lanzarote, esta revista lanzó un monográfico sobre la corrupción en el que incluía un punzante artículo que denunciaba el papel que jugaba en esta trama el secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero. En una rueda de prensa posterior, Jorge Jiménez Marsa señalaba sin tapujos a este funcionario público como una persona clave en el corrupto engranaje que se había instalado en la isla, trabajando por la mañana en la administración pública y a destajo por la tarde con los promotores urbanísticos que decidían el futuro de la isla.

En el pasado artículo analizaba la situación a la que se verá abocado San Andrés en un corto periodo de tiempo donde, por la avaricia de los políticos que nos gobernaron, pero también por la docilidad de los actuales, se ha promovido un disparatado desarrollo urbanístico en el Valle de las Huertas, permitiéndose que se cuele un puerto deportivo que amenaza con hacer naufragar, de manera definitiva, al pueblo. En estos años que hemos observado más de cerca los manejos del poder municipal, estamos en condiciones de afirmar que la escasa atención que los actuales dirigentes locales dispensan a San Andrés sólo puede deberse a que o bien les invade la incompetencia y la haraganería, o bien que carecen de buena voluntad y solo están esperando a que se precipiten los hechos para mandar a la guillotina a este bello pueblo marinero. Para que pueda entenderse esta contundente disyuntiva paso a contarle la experiencia vivida por los concejales de Sí se puede.

Una de las aportaciones más interesantes de la ley de modernización local de 2003 fue el establecimiento de órganos de participación ciudadana en los distritos, los ámbitos territoriales en que pasaban a dividirse las grandes ciudades. Con esta medida se trataba de reforzar la participación de los ciudadanos y su capacidad para influir en el gobierno local, apostando, de esta manera, con la tendencia que cada vez estaba más presente en distintos documentos europeos, reflejada sobre todo en la agenda local 21, y en las experiencias fructíferas que venía de ciudades como Porto Alegre. Santa Cruz, a través de la creación de los denominados tagorores de distrito, fue una de las primeras grandes ciudades en crear estos órganos de participación ciudadana, sin embargo, su regulación abortó cualquier intento de avanzar en un auténtico proceso de participación popular sobre aquellos asuntos que afecten al distrito en cuestión.

El plazo de alegaciones al Plan Especial de El Toscal acaba de finalizar y ahora corresponde a las administraciones analizar la conveniencia de modificar el texto inicial, incorporando las propuestas realizadas por los particulares y por los colectivos ciudadanos que han participado en este proceso. Desde el punto de vista de Sí Se Puede, aún cuando se trata de un documento que ha mejorado anteriores propuestas municipales, incurre en un error capital: la ausencia de una política pública que establezca controles para evitar los procesos de sustitución social, tan comunes en los centros históricos y a los que el barrio de El Toscal no está inmune.

Los políticos que gobiernan la isla de Lanzarote decidieron salvar su patrimonio personal, embargado por una deuda de más de cincuenta millones de euros que ellos solitos habían generado por su nefasta gestión al frente de INALSA, la empresa encargada de la producción y distribución del agua de abasto en la isla. Para salvar sus propiedades la clase política conejera le adjudicó este servicio al Canal Isabel I por treinta años y, a cambio, la regia empresa le entregó cincuenta millones en concepto de canon. Con este dinero público los políticos saldaron sus deudas privadas y salvaron sus propiedades, importándole un bledo dejar en manos privadas la explotación de un bien estratégico para la isla.

El convenio de 1967 por el que el municipio adquiría el frente de playa de Las Teresitas lo conocía la Fiscalía anticorrupción desde el 2006, año en que presentó la querella ante el Tribunal Superior de Justicia. En las primeras páginas de ese escrito, el ministerio público lo menciona como uno de los hechos por los que considera penalmente reprobable la actuación de Zerolo en la compraventa de la playa. También lo conocían los primeros denunciantes, todos miembros, en aquellas fechas, del partido socialista, entre los que se encontraba el actual teniente alcalde de la corporación. Basta leer con detenimiento el primer escrito que presentaron ante el tribunal y comprobar cómo mencionan aquel convenio de 1967, detallando su contenido. Este documento figura además en el sumario de la causa penal, tras haberlo solicitado el Tribunal Superior de Justicia al Ayuntamiento de Santa Cruz .

Ricardo Melchior se despide de la presidencia de la institución insular nombrando hijo adoptivo de la isla a Juan Padrón Morales, vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. La banda del Sr. Melchior le ha dado el tratamiento de ilustre a una persona que ha defraudado a Hacienda, utilizado dinero ajeno para llevarse a sus familiares a los mundiales de Corea-Japón y otros viajes internacionales, suscrito un contrato con una conocida marca deportiva que establecía sobreprecios en el material deportivo al que estaban obligados a comprar los miles de equipos federados de todas las categorías que existen en el Estado. Mientras la multinacional se forraba con este negocio redondo, entregaba cientos de miles de euros al hijo del hijo adoptivo mediante un simulado contrato de publicidad con el que la marca deportiva le encargaba una campaña internacional de promoción a una televisión local regentada por el hijo del hijo adoptivo.

Las ciudades americanas representan el escenario donde con mayor claridad se comprueba la gravedad de la crisis mundial que estamos viviendo. Por ejemplo, Detroit, la meca de la industria del automóvil, sede de la compañía Ford, Chrysler y General Motors, se ha hundido en el mayor abismo financiero que ha conocido una entidad local.

Las centrales sindicales CC.OO. y UGT han reclamado al Gobierno canario la creación de una tasa turística que grave a los visitantes que acudan a nuestro archipiélago en una cantidad todavía por determinar, pero que podría rondar entre 0,5 a 2,5 euros diarios, según la calidad del establecimiento.