La semana pasada la fiscalía de Las Palmas presentó denuncia en el juzgado por un presunto delito societario contra los socios privados mayoritarios de la empresa Emalsa, empresa encargada de la gestión del ciclo integral del agua en la capital Gran Canaria. La fiscalía los acusa de un presunto delito societario al considerar que en sus decisiones había prevalecido el deseo de beneficiar a empresas del grupo Sacyr y Saur en detrimento de los intereses de la compañía Emalsa, garante de este servicio público. En Santa Cruz de Tenerife estamos a la espera de que Bermúdez autorice una auditoría acordada por todos los grupos políticos sobre la gestión de Emmasa. El socio privado de esta compañía se ha dedicado a extorsionar a las clases más desfavorecidas para reponer el servicio, eliminar derechos laborales, reducir la calidad del servicio y beneficiar a las empresas de su grupo en la misma proporción que se incrementaban las pérdidas de Emmasa, agudizando este daño societario con un saqueo anual por valor de más 3.500.000 de euros. A pesar de estas experiencias, en los pequeños municipios de Canarias comienza a llegar la ola de las privatizaciones de este servicio y, en estos días, los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y Fuencaliente han tomado la decisión de privatizar el servicio de abastecimiento y saneamiento del agua, adelantándose a lo que parece que será la filosofía que se impondrá en la reforma de la ley de administraciones locales. Ante esta situación, Alternativa Ciudadana 25 de mayo, Canarias por la Izquierda y Sí se puede convenimos en la necesidad de promover un foro ciudadano que diseñe propuestas y alternativas para poder enfrentarnos a un modelo neoliberal que está dispuesto a arrebatarnos del control público un elemento tan esencial para la vida humana como es el agua.

Pedro Fernández Arcila

Concejal de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz