Lo congruente, aunque poco probable, sería que se produjeran tres hechos inmediatos: la retirada del RD Ley 16/2012 aprovechando que se van a cumplir 2 años desde su aprobación y sus constatables efectos negativos sobre el sistema sanitario; la dimisión de la ministra Mato tan ineficaz como lesiva para el derecho a la salud de las personas, y la ampliación de este derecho a la atención sanitaria en todas las CCAA, ya que tienen la cobertura del Tribunal Constitucional.

En Canarias, por tanto, donde la Consejería de Sanidad tras anunciar que se oponía a la exclusión sanitaria de los inmigrantes "sin papeles", el Servicio Canario de Salud durante el último semestre de 2012, retiró nada menos que 48.652 tarjetas sanitarias a sus titulares, además de la bochornosa regulación para su acceso a los servicios sanitarios de Canarias que solo han podido cumplimentar 42 de ell@s, debe reincorporarse a la atención sanitaria pública plena a estas personas. Lo exigimos, como lo exige la necesaria respuesta a una medida injusta, desastrosa desde el punto de vista sanitario, humanitario y moral que ahora además viene rechazada por el Tribunal Constitucional.

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias