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20 Feb

La justicia declara 'improcedentes' los despidos del PIRS avalados por Carlos Alonso

Tras la aprobación del PTEOR en el año 2009 algunos, ingenuamente, llegamos a confiar en que la legislatura que termina iba a representar un impulso para una nueva política en materia de gestión de residuos en la Isla de Tenerife. No por confianza alguna en los irresponsables públicos al frente sino, más bien, porque las directrices marcadas por el PTEOR debían ser de obligado cumplimiento para todos y, al cabo de casi seis años ya, lo cierto es que ni una sola de las medidas contempladas en esta 'ley' insular para la gestión de los residuos se ha llevado a cabo. Ni una sola, incluso de los más de trescientos minipuntos limpios previstos en el Plan, el Cabildo tuvo la ocurrencia en junio pasado de poner en la calle un gigantesco contenedor ilegal, que para nada se correspondía con las previsiones del PTEOR, que les obligamos a retirar sobre la macha y del que más de medio año después no se sabe nada en absoluto (cuando aseguraron que lo repondrían en unos días). Ese es el triste resultado de otra legislatura perdida donde, eso sí, el Cabildo intentó dar un paso más allá y establecer una especie de régimen esclavista para los trabajadores del complejo de Arico que afortunadamente la Justicia ha llegado dispuesta a pararlo en seco.

Y es que fue en plenas fiestas navideñas del 2013 cuando el Cabildo, Vertresa y Ataretaco decidieron poner nada menos que a madres y padres de 28 familias en la calle si no aceptaban unas condiciones leoninas -además del despido de varios de ellos- porque para ahorrarse unas buenas perras Ataretaco había de cambiar de nombre a la empresa que gestionaba la planta de todo uno (tratamiento mecánico biológico) para, a costa de una caída en picado del rendimiento de la planta que en los meses siguientes se puso claramente en evidencia, arramplar por los derechos laborales de una gente que durante siete años había hecho un esfuerzo descomunal por sacar algo positivo de esa desastrosa planta. Y, en contra de los criterios del Cabildo y de Ataretaco (Cáritas), la justicia ha dejado muy claro que los trabajadores del complejo de Arico han de regirse por lo que establece el Convenio Colectivo del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogidas, Tratamiento y Eliminación de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado de 1996. Un espaldarazo, que sienta precedentes, y que da por buena y valiosa y desigual lucha llevada a cabo por un grupo de antiguos trabajadores de SELECATAR (Ataretaco-Cáritas hoy en manos de ATI porque debe considerar el Obispo que es lo mejor para conseguir perritas).

En fin, que los planes de Alonso de imponer un régimen esclavista en las instalaciones del vertedero de Arico han quedado bastante tocadas con esta sentencia que, sólo en parte, viene a reconocer la injusticia llevada a cabo con estos trabajadores y de ahí que la empresa también haya recurrido. El siguiente paso, que en esta instancia ha sido denegado por la la Magistrada-Juez, pasa por conseguir la nulidad de estos despidos puesto que se trató de un proceso cargado de irregularidades. De ahí que se haya recurrido la sentencia al objeto de que se reconozca la nulidad. Pero el paso dado, por el que se reconoce la necesidad de que se respete un Convenio Colectivo con el que el Cabildo nunca se ha sentido comprometido, es fundamental y representa un logro sin precedentes que hemos de agradecer a est@s luchador@s que se han jugado el todo por el todo en esta batalla totalmente desigual.

Foro contra la Incineración Tenerife

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