"Tenemos la obligación de proceder a una modificación integral de esta ley para evitar que se sigan produciendo situaciones familiares a veces desgarradoras en nuestras islas. El sistema de acogimiento familiar y los procedimientos de adopción son dos de las cuestiones que requieren de una profunda reflexión colectiva. Contamos con una ley con más de dos décadas, pendiente de adaptarse a numerosa legislación nacional", recordó Astrid Pérez en el Día Mundial de la Infancia.
La presidenta del Parlamento canario señaló que "en la novena legislatura se produjo un intento de actualización y adaptación de la Ley 1/1997. En la décima legislatura, la comprendida entre junio de 2019 y mayo de 2023, se trabajó incluso en un borrador de un nuevo texto legal. Pero el trabajo no concluyó. Debemos recoger ese guante en la XI Legislatura, que acaba de comenzar. Hay que implicarse, seriamente y de manera pasional, en este objetivo prioritario. Tenemos casi cuatro años por delante".
El periodista Miguel Ángel Daswani fue el encargado de moderar la primera mesa coloquio de la jornada, titulada Tutela de menores en Canarias: trabajo conjunto de entidades, en la que participaron Antonio Guijarro Expósito, director de la Unidad de Infancia y Familia del Instituto Insular de Atención Sociosanitaria del Cabildo de Tenerife, y Walter Martín Waló, director de proyectos de la Asociación SUMAS. Ambos detallaron la importancia de la colaboración de las administraciones públicas con las entidades del tercer sector que se encargan de la atención de los menores.
Posteriormente intervinieron el psicólogo especialista en acogimiento familiar y adopción Javier J. Múgica Flores, quien aportó sus propuestas de mejora para responder a las necesidades sociales y emocionales de los menores en procesos de tutela, y abogó por fomentar que las familias de acogida puedan ser adoptantes preferentes.
Enrique J. Vila Torre, abogado y jurista especialista en protección de menores, reflexionó sobre la necesidad de cambiar el sistema de protección de menores para evitar situaciones como las de la familia de Juan Ulises Montesdeoca y Gloria Molina Oliva, en Lanzarote. A su juicio, "el cambio legislativo más profundo y fácil sería promover que jueces especializados intervinieran desde el primer momento en estos procesos. Para ello haría falta una modificación legal a escala nacional que, de diferentes maneras, ya se aplica en países como Italia, Bélgica, Francia o Chile".
Gloria Molina Oliva compartió en el Parlamento canario su dura experiencia como familia de acogida y su lucha legal por recuperar a José Carlos, un menor al que acogieron desde sus primeros meses de vida. A su juicio, "la ley debe aplicarse de forma correcta, pensando siempre en el interés superior del menor. Algo falla cuando se actúa de esta manera y se aparta a un menor, perfectamente integrado y cuidado, de la que ya era su familia".
Pascual Ortuño Muñoz, magistrado de la Sala de Familia de la Audiencia Provincial de Barcelona, añadió en su intervención que "España es el único país del área iberoamericana y de Europa que no aplica la especialización de los jueces en estas cuestiones", y reivindicó la necesidad de "contar con jueces expertos" en tutela, acogida y adopción.
La jornada concluyó con una mesa coloquio, también moderada por Miguel Ángel Daswani, en la que se abordó El interés superior del menor, con Sonia Plasencia Carrillo, doctora en Psicología Evolutiva y de la Educación por la Universidad de La Laguna; Asunción Sánchez Jorge, subdirectora del Centro de Orientación Familiar de Canarias; María José Ribera Fernández, abogada, mediadora familiar, coordinadora de parentalidad y presidenta en funciones de la Fundación Canaria de Orientación Familiar, y Almudena Olaguibel Echevarría-Torres, responsable de Protección en el Área de Incidencia de UNICEF.