Tiene su gracia que este consistorio se preocupe ahora de lo que pueda pasar con un evento que nació dentro del pueblo y era vivido con pasión por sus propios habitantes y por unos veraneantes que iban con el boca a boca a sus lugares de residencia. Hasta la fecha, la tomatina se había vivido perfectamente sin que nadie le pusiera coto a esta batalla campal donde todos pelean contra todos arrojándose puñados de tomates, decenas de miles de toneladas, concretamente. Otra cosa es ver si es factible que, con las carencias por las que atraviesan algunas familias, esté el patio para derrochar y jugar con tal contingente alimenticio.
Pero los ayuntamientos, después de explotar la burbuja inmobiliaria, están a la que saltan a ver por dónde pueden meterle mano a los vecinos, a las empresas o a quien sea para que dejen unos cuantos euros en sus maltrechas arcas. La alcaldía de Buñol ha optado por una medida que a unos les parece correcta y a otros sumamente impopular, ya que las entradas se han reducido a 15.000 y luego otras 5.000 son gratis para los vecinos del pueblo, lo que deja a la otra mitad al socaire de tener que presenciar tras las vallas este espectáculo. ¿Acaso son ciudadanos de segunda? Y, ya de paso, ¿por qué unos pagan y otros no? Estas cosas de la residencia también empiezan a resultar cansinas, máxime porque atenta frontalmente contra un principio constitucional que es el de que todos los españoles somos iguales.
Insisto en que al final, cuando las corporaciones se meten a organizar lo que era de los ciudadanos originalmente, suceden estas cosas. Al final, por un mero afán recaudador, se cargan una fiesta que, salvando las distancias de que no es correcto jugar con la comida, tenía un prestigio internacional indudable. Veremos a ver qué sucede tras estar primera tomatina de pago.
Juan Antonio Alonso Velarde