Desde luego, si para un incendio tenemos que estar coordinándonos entre tres o cuatro estratos administrativos (estatal, regional, insular y local), mal vamos. Al final, en vez de sumar esfuerzos, lo que se provoca es una contradicción de órdenes, papeles que no llegan, mensajes que se contradicen o presidentes que salen a decir "déjenme a mí solo, que esto lo tengo controlado" para que a las 48 horas las llamas se reaviven y el daño se multiplique hasta extremos insospechados.
Por supuesto, las administraciones no pueden ser responsables de la existencia de un pirado-pirómano que le dé por prender un mechero o una cerilla y que el monte se incendie tan rápidamente como la velocidad de la luz. Sin embargo, habrá que empezar a pensar en que todos han sido unos dejados a la hora de no pedir bases permanentes de hidroaviones y otros por no habilitarlas antes, precisamente, de que suceda el mal (y no es la primera vez que en Canarias se sufren estos pavorosos fuegos).
Tampoco hay que olvidar que poco a poco en España se produjo el desmantelamiento, a mediados de los años 80, de una institución como el ICONA y sus siempre atentos guardas forestales, auténticos conocedores del terreno, responsables de tener siempre adecentados los montes y, sobre todo, las zonas por las que podían penetrar los vehículos en caso de que se produjera un conato de incendio. Ahora, sin embargo, se depende de la buena voluntad de los vecinos, que suelen ser el primer 'batallón' que hace frente al fuego antes de que lleguen los profesionales que, desgraciadamente, suelen tener alejados los políticos.

Juan Antonio Alonso Velarde