Por lo pronto, para que vean ustedes cómo ha sido el desvarío y el despropósito en el que se ha metido el Ejecutivo es que los primeros días
en los que se supone que ya debían de haber empezado los nuevos trabajadores, esos que pasaron unas pruebas en las primeras semanas de
diciembre, lo cierto es que nadie estaba allí, ni siquiera un segurita que diese razón a los ciudadanos que acudían a pagar sus impuestos y tasas. Eso pasó en una oficina de Santa María de Guía donde varios de los ciudadanos tuvieron que desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria para poder satisfacer las cuentas con el fisco regional.

Pero las cosas no acaban aquí, resulta que como los tahúres del póker, aquí había alguien que estaba jugando no sólo con las cartas marcadas, sino con dos barajas extra o, dicho de otra manera, con tres convenios para así poder usar a posteriori el que más le conviniese a los Génova y compañía, una jugada maestra que se les ha venido abajo porque, sencillamente, una cosa es intentar hacer trampas y otra perseverar en la ilegalidad cuando incluso el propio juez de mesa de la partido te ha pillado con varios ases en la manga. Mal, muy mal señor director general de Tributos.

¿Y cabe alguna posibilidad de que estos empleados que fueron echados como agua sucia de sus puestos puedan recuperar sus puestos de trabajo? Pues todo es posible, sobre todo viendo el registro de campeonato que lleva el Gobierno de Canarias en litigios perdidos. Y es que, al margen de todo, si hay algo de lo que carece ahora mismo el gabinete paulinesco es de liquidez y no veas la que se puede montar cuando le digan que tiene que desembolsar tanto dinero en concepto de indemnizaciones a los ex trabajadores de Grecasa. Vamos, antes prefiere readmitirlos en su puesto a tener que pagar de golpe y porrazo una morterada. Estaremos pendientes.

Juan Antonio Alonso Velarde