El sistema judicial español se ha viciado de tal manera que aquí hemos pasado de no quejarnos ante nada a protestar vía querella por todo, aún a sabiendas de que el tiempo en los pasillos de la santa y docta Justicia pasa mucho más lento que cuatro milenios seguidos. Sin embargo, todo llega y al final un juez, un fiscal y unos abogados tienen que hacer frente a una vista surrealista donde, por ejemplo, se dirima si un coche de hace 30 años le pertenece a un hermano o a otro en función de un testamento que no quedó nunca claro.

Puedo entender que, por un lado, se trate de buscar la erradicación de esos expedientes que corresponden a pleitos que se pueden resolver con buenas palabras y mejor entendimiento, pero también es verdad que el ministerio del señor Gallardón se ha pasado tres y hasta trescientos pueblos con lo de meterle un subidón general a esas tasas judiciales.

Los ciudadanos, en estos tiempos de crisis y donde las administraciones están a la que saltan para poder recaudar de donde se pueda, tiene todo el derecho del mundo a reclamar, por ejemplo, una multa de 100 euros por entenderla injusta. ¿Saben cuánto se pide por el proceso judicial para que te la quiten si es que tienes razón y te la han colocado erróneamente? Pues nada menos que 200 euros. Al final sale más cara la gasolina que el coche o el recambio del tóner que comprarte una impresora nueva. Aún están a tiempo de rectificar, pero me da la sensación de que no están por la labor.
Juan Antonio Alonso Velarde